Salario justo a partir de una modestisima aproximación a la doctrina social de la Iglesia.

El trabajo, entendido como un mandato de Dios para los hombres -creados racionales y no despóticos- y medio para “cultivar y custodiar” el reino, tiene la noble misión de multiplicar –cultivar- y preservar –custodiar- un bien común y social como es el reino, es decir, un profundo sentido social y no lucrativo. En efecto, el trabajo, condiciona el desarrollo no sólo económico, sino también cultural y moral; es trascendente a la técnica porque el hombre, en tanto persona, es sujeto de él. 

El trabajo es bidimensional; por un lado nos habla de “técnicas y medios” para dominar la tierra, pero por otro, de un actuar “humano”; siendo el primer aspecto el factor contingente y objetivo, nunca debe sobreponerse al segundo, el factor humano y estable: el trabajo, independiente de su valor objetivo, es expresión esencial de la persona. Luego, la finalidad del trabajo no es otra que el hombre mismo. En ese entendido instrumentalizar y desvalorizar el trabajo, no es otra cosa que volatilizar el valor supremo de la persona, y con ella el objeto último de su creación. Es por ello que, el trabajo, por su carácter subjetivo y personal, es superior a cualquier otro factor de producción. 

Si bien el trabajo es superior a cualquier otro factor de producción, ante la realidad material, no es suficiente. Por ello sólo se hace eficaz en tanto complemento del capital. De la misma manera, el capital, se vuelve inútil sin trabajo. Es por lo anterior urgente dar vida a sistemas económicos en los que la antinomia entre trabajo y capital sea superada, un sistema capaz de comprender que el recuso principal y factor decisivo del que dispone el hombre es el hombre mismo, y que por tanto vea la clave del desarrollo y bienestar en el hombre y no sólo en el capital. 

El capital no evoluciona y se hace más productivo por si sólo, requiere de manos para ello. En ese sentido, un sistema económico racional debe basar su potencia en el hombre y entender que, en tanto dependiente del hombre, esta sujeto al servicio de la naturaleza humana. Y si entendemos que los derechos de los trabajadores, con todos los demás derechos, se basan en la naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente su vara de justicia debe ser no sólo la de la conmutativa, sino que también la distributiva. Es por ello que la justa remuneración y las políticas sociales de redistribución de la renta resultan inevitables a la hora de cumplir racional y no despóticamente la misión de cultivar y custodiar la tierra; porque Dios nos habló del dominio del hombre sobre los demás seres vivos, y no del de unos por sobre otros a fin de dominar su reino. 

Finalmente, si los bienes poseen un destino universal en tanto que las realidades creadas existen en función del hombre; inevitable parece pensar que, la propiedad, que se adquiere mediante el trabajo, debe servir al trabajo. Así, esos bienes, deben insertarse en un contexto de normas jurídicas y sociales que garanticen su uso inspirado en criterios de justicia, equidad y respeto de los derechos del hombre, como por ejemplo el derecho a una justa remuneración. 

PD: Modesto ensayito reencontrado en el mail; escrito hace unos dos años(2007), luego de hechar un vistazo al capitulo sexto "El Trabajo Humano" de la primera parte del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia; en tiempos en que comenzaba el manjar político entorno al "salario ético" con motivo de las declaraciones de Monseñor Goic. 

Fue investido de poder.




Foto de María Jesus Olivo.
Mendigo a los pies de monumento
a Manuel Rodriguez, Parque Bustamante.
"Aún tenemos patria ciudadanos".

Fue investido con un poder. La invisibilidad le fue conferida cuando cayó en desgracia. Se lo brindaron por unanimidad. Imperceptible lo quieren.

Cada día. Absoluta, la luz de mañana desciende desde El Plomo al valle central. Violenta desgarra la niebla y conquista aquella banca de la avenida. Implacable, el brillo levanta al invisible. Al alba se afeita. Un trozo de cristal colgante, donde su rostro está impreso como en ninguna conciencia, delinea el paso de la desgastada hoja. Limpio el rostro, claman sus entrañas. Por su avenida emprende el rumbo de los tachos, de las bolsas y restos. Rumbo pesado, pero con el mismo horizonte. La misma ilusión. Una quimera para él, ser perceptible. Camina, escarba, extiende su mano, observa de frente sin dar con ojos hermanos, camina, hasta el abrazo del ocaso. Manto crepuscular que, una vez más, lo retorna al principio. Invisible. Todavía. El poder es su condena. Perpetua. Por unanimidad.

 

Mauricio A. Delgado Muñoz.

Allá y acá.

Vengo del verde.

Verde múltiple.

Verde, todo verde vi al nacer.

Primero verde, luego rojo, luego verde.

Hoy, olvidado el rojo, por el verde.

Oculto a la vista el dolor.

De allá, vine acá.

Parecía, sólo parecía, un suelo más sincero.

Rojo múltiple.

Rojo, todo rojo, arcilloso, tinto vi al llegar. 

Primero verde, luego rojo, luego tinto.

Hoy, olvidado el rojo, por el tinto.

Oculto también a la vista el dolor.

Uva roja, vino derrama.

Tinto el vino, tinta la tierra.

Tinta también la sangre.

La misma sangre, allá verde, aquí tinta. 

Lo que nos deja Los Archivos del Cardenal.

Algunos días luego de finalizar la serie Los Archivos del Cardenal me detuve a pensar cómo la frivolidad del debate que surgió con su exposición en TVN contrastaba con su magia. No sé por qué, pero no la publiqué.  Eso hasta que tuve un motivo: Hace unos días asistimos a un debate similar a propósito de la polémica iniciada por Magdalena Krebs entorno al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en El Mercurio. El intercambio culminó con una carta de Javiera Parada en el mismo diario y una columna de Odette Magnet en El Mostrador; ambas en referencia a José Manuel Parada, tristemente protagonista del "caso degollados", inspirador del último capítulo de la serie y protagonista de la misma. Sólo rescatar una frase de Odette Magnet: "...esta herida de Chile no cerrará nunca si no hacemos del dolor ajeno el nuestro".

Lo que nos deja Los Archivos del Cardenal.

Al atardecer ustedes dicen: Hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana: Con este cielo rojo obscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes, pues, conocen e interpretan los aspectos del cielo, ¿y no tienen capacidad para las señales de los tiempos? (Mt. 16, 2-3). 

El 2010, año del bicentenario, estuvo marcado por una ambivalencia. Mientras el discurso público era colmado por llamados de unidad, exaltación del alma nacional y esperanzadoras proyecciones de futuro; una generación completa no miró al horizonte con Sebastián Piñera o la Concertación de la transición, sino que volteo para atrás.

Toda una generación llenó las salas de cine tras el estreno de Post Mortem, las salas de teatro para ver Jamás el Fuego Nunca o La Amante Fascista, colmó el rating con la serie Los 80 y llenó sitios como Londres 38 o Villa Grimaldi el día del patrimonio. Esa generación que tiene conciencia de si desde fines de los 80 y principios de los 90. Cientos de miles de chilenos y chilenas que ni derrotaron la dictadura ni construyeron la nueva democracia. Todos veinteañeros, que cursan estudios universitarios, técnicos o se inician en el campo laboral o vida familiar.

Desde allí, los estrenos en la línea del denominado teatro de la memoria y circulación de documentales históricos ha sido creciente y la conquista del público joven una constante. Una suerte de “resistencia cultural” frente al discurso público de futuro y a-histórico, que mientras se mantuvo entre hippies acomodados, abajistas o intelectuales revolucionarios asiduos al teatro y cine arte, no molestó mucho. Sin embargo, la televisión abierta es otra cosa. Ya no hablamos de círculos académicos o snobismo, sino de masas. Por ello, bastó el estreno de Los Archivos del Cardenal en TVN para que se incendiaran la sección de opinión y editorial de todos los medios de comunicación.

De ese candente ir y venir de columnas y cartas al director, casi todas escritas por protagonistas o testigos de los hechos acaecidos en Chile entre 1970 y 1990, pude concluir que según su militancia, el autor vio en la serie un boicot político y probablemente repensó la autonomía del canal estatal, o bien olvidó súbitamente que hecho polvo a todo esto durante la transición y recordó de inmediato el pluralismo, o se sintió arengado para marchar por la educación y, si se puede, retomar la gesta revolucionaria.

Sin embargo, creo que la serie se ubica por sobre todo ello. Inspirada en casos emblemáticos (Los Hornos de Lonquén, Michael Townley, Sebastián Acevedo, confesiones de Andrés Valenzuela, Tucapel Jiménez, Caso Degollados, etc.) nos expuso durante 11 capítulos a dramáticas historias vinculadas a violaciones de derechos humanos en todas sus versiones y técnicas. Capítulo a capítulo nos expuso al sufrimiento de las víctimas de cada una de las historias relatadas. Al tiempo que nos insertaba en el seno de una familia y de un equipo de trabajo como el de la Vicaría de la Solidaridad. Desde el capítulo primero fuimos empatizando y conectándonos con las frustraciones, dolores, alegrías y procesos afectivos de la familia Pedregal. Virtualmente, los quisimos. Sus sueños fueron nuestros sueños, sus dolores fueron nuestros dolores, sus alegrías fueron nuestras alegrías.

El capítulo 12, el de la inflexión, el paso fundamental: ese ‘otro’ que sufre dio paso a un ‘yo’ que sufre. Los Archivos del Cardenal, y esta es su magia, nos hizo querer a Carlos Pedregal y, luego, nos lo arrebató. Si los muertos y torturados de todos los capítulos anteriores fueron uno más en entre los miles de perseguidos por la dictadura militar, la muerte de Carlos Pedregal fue la de un cercano. Aunque ficticiamente y por unos minutos, Los Archivos del Cardenal, nos conectó con el dolor de los perseguidos.

Mientras en los medios se trenzaban cuchillos por la propiedad de los derechos humanos o de la lucha por la justicia y acusaciones de comunista o fascista iban y venía; en mi cabeza resonaba la idea de que sin ese grupo de actores, televisor de por medio, jamás me habría dado el tiempo de conectarme con el dolor de los perseguidos.

Hay sed de historia, de aprehender el pasado, de crear memoria. El éxito de todas las producciones artístico-culturales dedicadas a nuestro pasado reciente y remoto da fe de ello. El pasado, como nuestras expectativas de futuro, nos constituye personal y comunitariamente. Urge una relectura del nosotros. Una revisión por quienes hoy –por  mera cuestión generacional si se quiere- poco a poco asumimos la con-formación de nuestra sociedad. Una rememoración de lo que fuimos que permita constituir un nosotros de cara a nuestros desafíos. A los signos de nuestro tiempo. Todo eso y más. Pasa, justo en frente nuestro. Pasa. Y no estamos dando el ancho.

Mauricio A. Delgado Muñoz. 

Enemigos del Estado, de brujos a estudiantes.

En marzo de 1880, en Ancud, por encargo del Intendente de la Provincia don Luis Martiniano Rodríguez, se da inicio al denominado Juicio de los Brujos de Chiloé. La denominada Recta Provincia, que agrupaba un sinnúmero de habitantes indígenas distribuidos por todo el archipiélago, fue catalogada, en la “Vista Fiscal” de José N. González, como una “sociedad ilícita”. Sus miembros, caían en el delito de los artículos 292 y 294 del Código Penal recientemente estrenado (2 noviembre de 1874) por la naciente República de Chile.

El inicio del juicio coincide con la instalación del aparato burocrático y judicial chileno en la isla. Si bien el territorio chilote había sido incorporado tras el Tratado de Tantauco en 1826, sólo luego de la incorporación de la Araucanía el naciente Estado consolidó sus instituciones en esa parte del sur del país. En el intertanto, el funcionamiento social no se había mantenido muy diverso del expuesto históricamente entre los nativos. Sus modos y costumbres eran dominantes. Huilliches y Cuncos, organizados de tiempos inmemoriales, extendían sus redes por todo el archipiélago. La denominada Recta Provincia, agrupando numerosa población local, era una amenaza para la hegemonía estatal.

El más criminal de todos, Matías Coñuecar. Jefe de la Recta Provincia. Brujo, hechicero y asesino. Pero el juicio trascendía a los enjuiciados. Se recomendaba así “oficiar a jueces de 1º instancia para que estos a su vez lo hagan a sus jueces de subdelegación de su departamento, a fin de que tengan una estricta vigilancia con la raza indígena, que es la que está más embaucada en esta sociedad secreta e ilícita, sobre todo con los machis o curanderos que no hacen otra cosa que aplicar yerbas venenosas”. La sentencia de primera instancia fue dictada el 2 marzo de 1881 y marcó el fin de la Recta Provincia. El fin de la organización originaria y aborigen del archipiélago de Chiloé.

Debuta así, en la arena política, la asociación ilícita y con ella el control penal de la disidencia política. Contemplada en el párrafo 10 del título VI de los Crímenes y Simples Delitos Contra el Orden y la Seguridad Públicos Cometidos por Particulares del Código Penal, se describe como “Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades” e “importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”. De ahí en más, su irrupción en la arena política ha sido múltiple, siempre coincidiendo con tiempos de efervescencia social y decadencia gubernamental.

Inaugurado por el Código Penal de 1874, la punición de conductas atentatorias contra el “orden social” o “buenas costumbres”, tuvo notable desarrollo a partir de la cuestión social de principios del siglo XX. El avance de la izquierda, gremios u organizaciones sociales, primero con el Frente Pupular y luego con la Unidad Popular, fueron conduciendo al Estado en un progresivo desarrollo punitivo con miras al control penal del conflicto político. Así, nace el Decreto Ley 50 de 1932, luego la Ley de Seguridad Interior del Estado en 1937, en 1948 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y, finalmente la ley 12.297 de Seguridad Interior del Estado, hoy refundida por el Decreto Ley 890 de 1975. Todos ellos coinciden en la defensa del orden público, la evitación de interrupción de servicios como transporte, educación, la proscripción del anarquismo, comunismo; en fin, trajes a la medida del protestante del momento.

Si bien el proyecto de ley de Sebastián Piñera contenido en el Mensaje 196-359 no contempla figuras como la asociación ilícita, adolece de los mismos defectos de aquella. Teniendo como objeto la protección del orden público, entendido como “estado opuesto al desorden”, la definición del injusto que contempla se contagia con la indeterminación y amplitud de su concepto inspirador. Más precisamente, el mensaje declara que se pretende resguardar la “seguridad y tranquilidad pública” que, en su concepto, “tienen como fundamento especial el deber general de no perturbar el orden público”, o sea, el “estado opuesto al desorden”. ¿En qué se traduce aquello?, no me queda claro, eso si, las acciones punidas son paralizar, interrumpir, alterar, impedir, dificultar, retardar, atentar, invadir, ocupar, saquear, incitar, promover o fomentar. En palabras simples, un delito comprensivo de todo lo que huela a protesta estudiantil. Un delito que, como la asociación ilícita, facilita imputaciones grupales y genéricas, así como la punición con independencia del desarrollo del iter criminis.

“Esta acusación de que se me hace objeto es historia antigua. No hay país, no hay época en que mi caso no tenga ilustres y conocidos antecedentes”, dijo el propio Neruda ante el Congreso Nacional el 6 de enero de 1948, poco antes del autoexilio. Y citando a Guizot, añadió, “¿Qué hará el Gobierno que ve agitarse bajo su mano la sociedad mal administrada? Inhábil para gobernarla, intentará castigarla. El Gobierno no ha sabido realizar sus funciones, emplear sus fuerzas. Entonces, pedirá que otros poderes cumplan una tarea que no es suya, le presten su fuerza para un uso al cual no está destinada”. En pocas palabras -anuladas las Fuerzas de Orden y Seguridad por la carga simbólica de los derechos humanos y los medios ciudadanos, masivos e instantáneos de información-, es la hora del Poder Judicial.

A la chusma le siguieron obreros y universitarios, a estos comunistas y socialistas, de allí los pobladores, hace unos años –y como desde siempre- los mapuches. Hoy, pingüinos y capuchas son los enemigos del Estado. El vate lo decía: “es historia antigua”.

Mauricio A. Delgado Muñoz.

No, la calle si que no!.

“Es difícil, en efecto, concebir de qué manera hombres que han renunciado enteramente al hábito de dirigirse a sí mismos, pudieran dirigir bien a los que deben conducir, y no se creerá nunca que un gobierno liberal, enérgico y prudente, pueda salir de los sufragios de un pueblo de esclavos.” (Alexis de Tocqueville).

En 1989, mientras la población chilena no alcanzaba los 13 millones de habitantes, 6.979.859 chilenos emitieron votos válidos en la elección que terminó otorgando la presidencia a Patricio Aylwin. En 2009, veinte años después, cuando la población nacional se acerca a 17 millones de habitantes, 6.958.972 electores emitieron votos válidos en la elección que confirió la presidencia a Sebastián Piñera.

Los números son contundentes, mientras la población chilena se ha incrementado en alrededor de 4 millones de personas, los electores nacionales se mantienen. Si Aylwin obtuvo votos que se acercaban al 30% de la población, los electores de Piñera alcanzan tan sólo el 21% de los habitantes del país.

Por cierto, la participación ciudadana no sólo se traduce en el ejercicio del sufragio, existen otras múltiples vías de intervención política. Al respecto, Chile ofrece una experiencia aún más estremecedora que el congelamiento del padrón electoral. La única instancia directa de intervención política vinculante -además del sufragio- que contempla nuestro ordenamiento es el Plebiscito Comunal. Creado hace más de 30 años, sólo registra un ejercicio exitoso; el año 2009 en la comuna de Vitacura a propósito de modificaciones en el Plan Regulador.

Si a lo anterior le sumamos las instancias “que no fueron”, el panorama se opaca todavía más. Emblemáticos son el Consejo Económico y Social Provincial que prometió la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y el Consejo Económico y Social Comunal con que ilusionó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ambos, no vieron nunca la luz.

Como se puede apreciar, el modelo institucional chileno se toma bien en serio aquella parte representativa de la democracia. Es un hecho, frente a la inejecución de algunas instancias y a la inexistencia de otras prometidas; que la creación, modificación y extinción de la institucionalidad chilena es casi propiedad de quienes son elegidos mediante el sufragio, y entre ellos, principalmente del Presidente y parlamentarios. Frente a la alta concentración entorno a la toma de decisiones políticas que exhibe nuestro país, urgen medidas relativas a la transparencia. Sin embargo, los representantes de la ciudadanía chilena, mediante la promulgación de la ley 20.477 que introdujo reformas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, modificaron el artículo 5 A que se refiere a las comisiones parlamentarias, determinando que sus sesiones serán sin asistencia y que los registros de las mismas no serán públicos. Con ello, la ciudadanía es expulsada de una de las instancias que alberga las más intensas negociaciones que anteceden a todo proyecto de ley antes de pasar –prácticamente consensuado- a la discusión en sala.

Estaría llorando si en la enumeración anterior diera por acabas las vías ciudadanas de irrumpir en el destino político de la nación; sin embargo, aún queda una: la protesta.

Si bien la Constitución chilena no alberga de modo expreso el Derecho Fundamental a la Protesta, creo que existe una clara coherencia hacia él cuando pensamos conjuntamente los numerales 12, 13 y 14 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Los derechos a reunión sin permiso previo –N° 13-, libre expresión –N° 12- y petición -N° 14-, ciertamente constituyen las bases y presupuestos del derecho a protesta. En ese sentido, la protesta, lejos de ser una expresión delictiva o violatoria del sistema normativo, se aloja en el corazón mismo de la institucionalidad democrática. Es, sin lugar a dudas, una vía institucional de intervención política al servicio de los ciudadanos que la deseen tomar. Precisamente porque estamos en una democracia representativa, explica Gargarella, y hemos transferido el control de los recursos económicos y el control de las armas al poder político, nos preocupa que el poder político no abuse de los extraordinarios poderes que le hemos dado; por ello, nos debe interesar proteger hasta el último crítico, y muy especialmente, si critica al poder público.

Sin embargo, una vez más, el sistema chileno exhibe maquiavélicas cortapisas a la expresión política de sus habitantes. Nuestra Constitución, si bien permite la reunión sin permiso previo, detalla que cuando aquella sea en espacios públicos debe sujetarse a las normas de policía. Normas que tienen nombre y apellido: Decreto Ley N° 1086 de 1983 que, en rigor, sujeta las manifestaciones públicas y masivas a la voluntad de intendentes y gobernadores (elegidos a dedo por el Presidente), al tiempo que faculta a carabineros para reprimir cualquier convocatoria que no haya sido autorizada.

Amparados en aquella norma y el orden público, las autoridades han expresado un sin número de razones para no autorizar, reprimir o debilitar las marchas ciudadanas. Sin embargo, nada de lo que han expresado ha podido ocultar que sólo persiguen expulsar a la ciudadanía, también, de las avenidas. Débiles alegaciones referidas al derecho a transitar, a la propiedad, a trabajar con normalidad o el que sea, sólo expresan la tensión permanente y en todo orden que vive la institucionalidad al defender de modo simultáneo la democracia, por un lado, y los derechos humanos, por otro. Asimismo, la condena pública a encapuchados y destrozos, no importa argumento alguno respecto del derecho a protesta, mas sólo respecto a la responsabilidad que pueda caber a los involucrados. El choque entre derechos es permanente y trivial en nuestro ordenamiento, y allí, la protesta, vinculada a la libertad de expresión, se acerca y casi confunde con el corazón mismo de la democracia. Así lo ratifican doctrinas como la del foro público o de las regulaciones de tiempo, modo y lugar; y la creciente jurisprudencia inaugurada por la Corte Suprema norteamericana (Sullivan vs. New York Times o Texas vs. Johnson).

Con todo, no es necesario saber de derecho ni derechos para tener la intuición de que, en una sociedad que brinda la palabra en atención al dinero, las calles y el aglutinamiento son el único modo de irrumpir en el foro público para quienes carecen de él. Imposibilitados de hacer valer sus intereses en la cotidianidad de la sobremesa, vacaciones conjuntas o viajes de negocios; sólo en las avenidas y reuniéndose por decenas de miles, los expulsados se hacen ver y escuchar. La ciudadanía chilena, desilusionada del sufragio y expulsada de todas las instancias de toma de decisión política, no ha claudicado, con cada marcha y cacerolazo, autorizada o no, en la defensa de su último bastión: la calle. “No, la calle si que no!”, hemos dicho. Por cientos de miles.

Mauricio A. Delgado Muñoz.

Orgía Kapital.

“Bajo todas sus formas particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo de entretenciones, el espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de una elección ya hecha en la producción, y su corolario consumo” (Guy Debord).

En días en que debemos denostarlo, el Estado de Chile me brindó una agradable sorpresa: un fondart ha permitido a Cristian Marambio exhumar las ideas del asesinado Pier Paolo Pasolini para, tras un largo cruce cultural desde la Italia de la guerra fría, aterrizarlas en el Santiago revuelto de la primera década del nuevo milenio, y nada más que en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ex Diego Portales y sede del Gobierno Militar. Una estocada de ese calibre, jamás pensé podría propinársela el propio establishment.

En los tiempos que corren, un aventón de Pasolini no viene mal. Un estrellón con su dialéctica es casi necesario. Más –aunque no es mi caso- para aquellos que ya se encumbran en la medianía de su vida. Orgía, la pieza escogida para remover el día.

Pensé que entraba a un burdel. Una puta bailando ligera de ropa dominaba la oscura bienvenida. Estaba equivocado. Un flash back nos descubría la habitación matrimonial y adelantaba el crimen del que seríamos testigos. La muerte dominaba el verso revuelto y violento que nos interpelaba y a ratos representaba. Burgueses somos. Una parcela ínfima de poder que nuestro nombre lleva impreso es suficiente para reprimirnos. Un goce miserable de poder basta para olvidar nuestros deseos y enterrar las frustraciones… por el día. Llegada la noche, el dormitorio y la cama nos esperan. La oscuridad nos ampara. El pene despierta. Con él la sed de dominación y como sin violencia no hay sujeción, la sangre llama. Su sangre llama. La sangre burguesa de aquella esposa que con vestido ligero aguarda en la cama tras haber acostado a los niños. Princesa en el hogar y la sobremesa, perra y servil entre las cuatro paredes del lecho marital. Aunque marital no viene bien para quienes no pasan de individuos.

En aquella cama matrimonial comienza la orgía. Sexo masculinamente violento y femeninamente humillante, casi misógino. Sexo de realización individual. Una satisfacción viciada de apetitos y deseos reprimidos. Una expresión carnal de las contradicciones vitales a que nos somete el capital. Esa lucha entre el ser y el querer, la realidad y lo soñado; el querer y soñar hipotecado al goce ligero y modesto de una apariencia o posición social acomodada. Oposición vital, muda en lo cotidiano grita con verso complejo y fatalista, sin embargo, en la intimidad del lecho.

Pero Pasolini no acuesta en esa cama tan sólo la tediosa vitalidad de ese emprendedor que logró matrimoniar a aquella princesa burguesa. En el mismo escenario acostó una puta. Marginal –no burguesa- de lenguaje coloquial –no verso-, práctica –no filosófica- que a la agresión o inteligibilidad siempre ríe –no pregona-. Ignorante, no desea hablar ni pensar demasiado, la prole y el hambre llaman. Sin tiempo ni educación para complicarse la vida. Ella, no es parte del poder.

En un dormitorio matrimonial, Pasolini en la creación original y Marambio en la adaptación, han logrado, sin lugar a dudas, una orgía genial. Una interacción carnal de oposiciones enquistadas en el sistema e inevitables para el capital. Un sexo que por su violencia, misoginia, individualidad, resentimiento y recursividad, parece no estar a la altura de los tiempos que corren, pero que, sin embargo, está allí, devolviéndonos esa primera impresión de desdén que nos evoca. Develando la crisis oculta de nuestro goce mercantil. Esa sedición reprimida que puede hastiar hasta el suicidio.

Todo, genialmente ubicado en un escenario laberíntico. Desplazándose por un sistema de caminos predeterminados. Recorriendo veredas ya transitadas y, antes que eso, diseñadas con maestría creadora, más la paciencia y obsesión que se requiere para amurallar esos caminos con miles de vasos, uno junto al otro. Tan autoritarios como para imponer un camino, pero con la cuota justa de debilidad que hace posible e imaginable la transgresión.

Mauricio A. Delgado Muñoz